25Ene. 12
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que se exigirá el consentimiento paterno para aquellas menores de edad que quieran abortar y se defenderá, también, el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre la primera Ley del Aborto de 1985.
«Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la tramitaremos en esta Comisión. Vamos a reformar la regulación de la protección del derecho a la vida en España, que fue aprobada sin el consenso, con la opinión desfavorable de los órganos consultivos», ha explicado el titular de Justicia en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.
En esta propuesta de reforma, Gallardón ha destacado que también se recogerán aquellos principios que han sido anunciados por el Partido Popular sobre la normativa. Concretamente, el PP se comprometió en la campaña electoral a «cambiar el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores».
Posteriormente, la entonces coordinadora de Política Social del Partido Popular del PP, Ana Pastor, aseguró que la posición de los ‘populares’ sobre la Ley del Aborto es el que se recoge en el recurso presentado en 2010 contra la norma socialista ante el Tribunal Constitucional.
El recurso cuestiona ocho preceptos de la actual legislación. En su argumentación, el PP toma de nuevo como «punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación».
Aborto libre hasta la semana 14 de gestación
Además, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra «ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus», algo que, a su juicio, va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que «todos tienen derecho a la vida».
Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta de que el supuesto que permite interrumpir el embarazo si existe «grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada» puede ser un «coladero» aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.
No al amparo en «teorías eugenésicas»
En opinión del PP, los supuestos en los que se puede abortar si hay «riesgo de graves anomalías en el feto» –«que parece que incluiría cegueras o sorderas de nacimiento, falta de miembros superiores o inferiores, o síndrome de Down», sostienen–, recuerdan a «teorías eugenésicas -de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia- que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (‘lebensunwertes leben’) o ‘vidas que son una carga’ (‘ballastexistenzen’)».
Así, los ‘populares’ indican en el escrito que «el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás».
El PP también recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. «Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí», señala el texto.
Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado, y se muestra contrario a que se imponga «la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual», que no sólo afecta a los derechos y libertades de alumnos y padres, sino también a los de los profesores.
Los ‘populares’ destacan que «el aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación familiar» y recalcan que «las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les ofrece otras alternativas».
Los médicos, satisfechos por la reforma de la Ley, piden que se vuelva a recetar la píldora del día después
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha expresado su satisfacción ante el anuncio realizado este miércoles por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, de reformar la Ley del Aborto, de modo que se exigirá el consentimiento paterno para las menores que decidan abortar. Asimismo, ha pedido al nuevo Gobierno que aborde también la modificación del uso de la pastilla del día después o postcoital.
«Tanto la exigencia del consentimiento paterno para abortar como la modificación del uso de la pastilla del día después, son los dos grandes vacíos que desde la OMC creemos que no quedaron bien resueltos y celebramos el anuncio de la resolución, al menos, de uno de ellos», ha afirmado.
Así, Rodríguez Sendín, en nombre de la organización que representa afirma su satisfacción por este anuncio. «Celebramos este anuncio que responde a nuestra petición en pleno debate de la ley, aprobada en marzo de 2010, porque se ha reconsiderado algo que para nosotros era un agujero importante, ya que la menor necesita apoyo claro y definitivo de alguien para tomar una decisión tan importante», afirma.
La organización médica siempre ha defendido esta postura, «porque el apoyo es más importante y menos peligroso que lo contrario». Por lo tanto, cree que «es mejor que esto se corrija y que la menor, que para eso es menor, ante un hecho tan traumático, sea acompañada o tenga el permiso, al menos, de uno de sus padres».
Por otra parte, para el presidente de la OMC, sería oportuno que el nuevo Gobierno aborde también la modificación del uso de la pastilla del día después, un asunto que preocupa a la organización, ya que considera que no puede seguir adquiriéndose en las farmacias sin prescripción facultativa.
«La venta no puede ser libre y debe establecerse la prescripción por los profesionales o, al menos, darla gratuitamente en los centros públicos con todas garantías para saber quién la toma y cuantas se toman y aprovechar, además, para hacer educación preventiva sobre el uso de otro tipo de cuidados», señala Rodríguez Sendín.
Durante la tramitación de la Ley de Salud Sexual y reproductiva y de la interrupción Voluntaria del Embarazo, la OMC denunció públicamente y en el Parlamento que era un error conceder autonomía absoluta para abortar a las menores y expresó, entre otras cuestiones, la conveniencia e importancia de informar a los padres o tutores, para no privar a las menores que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo, de su consejo, apoyo y ayuda.
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